REUTERS
La fiscalía general de Costa Rica allanó el viernes la sede de la presidencia del país por una denuncia contra el mandatario Carlos Alvarado y varios colaboradores por la supuesta violación de datos personales de los ciudadanos a través de una unidad del gobierno.
Emilia Navas, la fiscal general costarricense, encabezó el inédito operativo policial en la Casa Presidencial, situada en el distrito Zapote de San José. El gobernante no se encontraba en el recinto.
En un comunicado, el Ministerio Público dijo que investiga a Alvarado, al ministro de la Presidencia y a seis colaboradores por conformar sin respaldo legal en 2018 una unidad «para compilar y analizar datos» de la población, supuestamente para elaborar políticas públicas con esa información.
«Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones, y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto», agregó el organismo.
Además de irrumpir en la sede presidencial, los agentes de la Fiscalía realizaron 10 allanamientos, que incluyeron el Ministerio de Planificación y cuatro casas particulares.
La Fiscalía abrió la investigación por los delitos de prevaricación, abuso de autoridad y violación de datos personales, a raíz de tres denuncias particulares.
La semana pasada, el gobierno promulgó un decreto formalizando la creación del organismo, denominado Unidad Presidencial para el Análisis de Datos (UPAD), pero ante las criticas, el presidente lo derogó y admitió que había errores en su redacción, aunque rechazó que fuera ilegal.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, dijo el viernes que pese a que la Presidencia rechaza los cargos tiene «las puertas abiertas» a todos los requerimientos de la Fiscalía.
