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La presidenta interina Jeanine Áñez dijo el viernes que grupos del crimen organizado, entre los que mencionó a carteles mexicanos y colombianos –así como bandas brasileñas e incluso la mafia rusa– se instalaron en Bolivia para traficar cocaína con la “permisividad” del gobierno de Evo Morales.
“En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no sólo en país de tránsito (de cocaína), sino que aquí se ha construido redes donde operan organizaciones criminales… como el Comando Vermelho y PPC de Brasil, la Federación de Sinaloa y los Z de México; las FARC y grupos paramilitares de Colombia; Sendero Luminoso (remanentes) de Perú, incluso la mafia rusa”, dijo.
Áñez realizó estas declaraciones durante la presentación de su “plan anual” de lucha antidroga. Sin embargo, su gobierno es de transición y se tiene programado que haya elecciones presidenciales el próximo 3 de mayo.
Según la mandataria, la presencia de esos grupos fue detectada por “nuestro sistema de inteligencia nacional” con apoyo de la “comunidad de inteligencia internacional”.
“Eso nos permite afirmar que el gobierno anterior ha permitido, tolerado y no ha actuado sabiendo de la presencia de estos grupos criminales”, señaló.
Bolivia es tercer productor de coca y cocaína en el mundo después de Colombia y Perú, pero también una parte de la cocaína peruana transita por territorio boliviano hacia los mercados como Brasil, Argentina y Chile desde donde la droga es exportada.
Las autoridades del gobierno anterior rechazaban la presencia de carteles de la droga en Bolivia y aseguraban que sólo operaban “emisarios” de los grupos criminales mencionados.
Morales reivindicaba el haber “nacionalizado la lucha antidroga” después que expulsó a la DEA estadounidense (Drug Enforcement Administration) a finales de 2008 por sospechas de espionaje a su gobierno.
Tras casi 14 años en el poder, renunció en noviembre en medio de violentas protestas que dejaron 35 muertos y acusaciones de supuesto fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Actualmente Morales vive en Argentina en condición de refugiado.
Añez aseguró, además, que desde el 11 de noviembre, cuando asumió tras la renuncia de Morales, la policía antidroga confiscó “más de 25 toneladas” de drogas ilícitas, destruyó 138 factorías y laboratorios de procesamiento de cocaína y detuvo a 779 “presuntos narcotraficantes”.
En 2017, Morales elevó de 12.000 a 22.000 las hectáreas de hoja coca legal destinada a usos tradicionales ampliamente practicados en Bolivia como el masticado y la medicina natural.
Áñez puso en duda las 22.000 hectáreas legales para consumo legal porque “no hay estudios científicos”. Dijo que su plan será evitar “el desvío de coca al narcotráfico, además de realizar estudios del consumo” para “generar políticas de desarrollo” que proporcionen otras alternativas económicas a los productores de coca.
Un informe de agosto de 2019 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dijo que en Bolivia había 24.000 hectáreas de coca en 2018.
La UNODC colabora con el gobierno y monitorea anualmente el crecimiento de ese cultivo del que dependen unas 80.000 familias.
